Test Ley 39/2015 Título 6

Este test de la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas se genera aleatoriamente cada vez que comiences un nuevo test. Los test se generan escogiendo 20 preguntas de nuestra base de datos.

Actualmente tenemos 137 preguntas sobre la Ley 39/2015.

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Test Ley 39-2015 procedimiento administrativo de las administraciones publicas

Ley 39/2015 Título 6

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1. Se podrá omitir la consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento:

a) Cuando concurran razones graves de interés financiero que lo justifiquen, en el caso de normas tributarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas.

b) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad administrativa.

c) Cuando no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.

d) Cuando regule la totalidad de los aspectos de una materia.

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2. Desde el 2 de octubre de 2017 hasta el 1 de octubre de 2018, ¿cuántos archivos electrónicos tendrán los Ministerios?

a) Los archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de la LPACAP.

b) Como máximo, un archivo electrónico por cada Ministerio.

c) Un único archivo electrónico para toda la Administración General del Estado.

d) Como máximo, un archivo electrónico por cada Departamento de los Ministerios.

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3. ¿Con qué periodicidad deberán las Administraciones Públicas hacer público el Plan Normativo?

A) Periódicamente.

B) Mensualmente para adaptarla a normas superiores en vigor.

C) Cada tres años, de manera preceptiva.

D) Anualmente.

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4. ¿En aplicación de qué principio deben posibilitar las Administraciones Públicas el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración?

A) Eficacia.

B) Transparencia.

C) Participación.

D) Libre acceso.

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5. Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las CCAA y las EELL podrán adherirse, a través de medios electrónicos, a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado:

a) Voluntariamente. Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

b) Obligatoriamente.

c) Voluntariamente. Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al art. 7 de la LRJSP.

d) Obligatoriamente, salvo que justifique ante el Gobierno de la Nación que puede prestar el servicio de un modo más eficiente.

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6. ¿Qué norma reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es citada en la LPAC?

A) El Real Decreto Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

B) El Real Decreto Legislativo 19/2013, de 9 de diciembre.

C) El Real Decreto 19/2013, de 9 de diciembre.

D) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

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7. Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de la LPACAP se regirán para su ejecución por:

a) La normativa vigente cuando se dictaron.

b) Las normas establecidas en la LPACAP.

c) Los principios establecidos en la LPACAP, a falta de previsión expresa.

d) Los principios establecidos en la LRJSP, a falta de previsión expresa.

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8. Los reglamentos y las disposiciones administrativas ejercen una función de desarrollo o colaboración con respecto a la Ley. ¿Pueden establecerse tributos reglamentariamente?

A) Sí, supletoriamente en defecto de Ley.

B) No, aunque sí pueden establecer graduaciones, reducciones, exenciones y fórmulas de cálculo de la base imponible.

C) No.

D) No, salvo autorización expresa de una Ley.

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9. ¿Qué será necesario para que las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas entren en vigor?

a) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente. Adicionalmente, y de manera facultativa, las AAPP podrán establecer otros medios de publicidad complementarios.

b) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente. Adicionalmente, y de manera preceptiva, las AAPP establecerán otros medios de publicidad complementarios.

c) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, preceptivamente, en edición impresa. Adicionalmente, y de manera facultativa, podrán publicarse en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente.

d) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente, preceptivamente, en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente. Adicionalmente, y de manera facultativa, se podrán publicar en el diario oficial en edición impresa.

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10. La modificación del «agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social» se encuentra en:

a) El art. 69 de la LISOS, introducida en la Disposición final tercera de la LPACAP.

b) El art. 70 de la LPACAP, en relación con la Disposición final segunda de la LRJSP.

c) La nueva redacción del art. 69 de la LRJS, introducida en la Disposición final tercera de la LPACAP.

d) La nueva redacción del art. 70 de la LRJS, introducida en la Disposición final segunda de la LPACAP.

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11. En el marco de la evaluación normativa, las AAPP:

a) Promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y, en particular, la introducción de medidas de discriminación positiva a favor de colectivos desfavorecidos.

b) Promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica.

c) Promoverán la aplicación de los principios de jerarquía, reserva de ley y de competencia y, en particular, evitarán la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica.

d) Promoverán la aplicación de los principios de jerarquía, reserva de ley y de competencia y, en particular, introducirán medidas de discriminación positiva a favor de colectivos desfavorecidos.

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12. La LPACAP deroga:

a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

b) El texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

c) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) La Ley 6/1997, de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

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13. ¿Qué artículo y norma atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las AAPP y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las AAPP?

a) El art. 149.1,18.a de la CE.

b) El art. 149.1.14.a de la CE.

c) El art. 149.1.13.a de la CE.

d) El art. 149.1.8.a de la CE.

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14. Además de la iniciativa legislativa recogida en el artículo 127 LPAC, ¿de qué goza el Gobierno de la Nación?

A) De potestad para aprobar reales decretos-leyes y decretos legislativos en los términos previstos el Reglamento de las Cámaras.

B) De potestad para remitir decretos-leyes y reales decretos legislativos a las Cámaras, para su aprobación, enmienda o devolución.

C) De potestad para aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución.

D) De potestad para aprobar decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución.

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15. ¿Puede realizarse habilitación para el desarrollo reglamentario de una ley de forma directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno?

A) No, dado que tiene carácter supletorio.

B) Sí, excepcionalmente, debiendo justificarse en la ley habilitante.

C) Sí, si tienen atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.

D) No, dado que se establece exclusiva del Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo.

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16. La consulta pública, que se realiza con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, pretende recabar la opinión de:

a) Los ciudadanos afectados, cuando la norma afecte a sus derechos e intereses legítimos.

b) Los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

c) Los ciudadanos afectados y otras personas o entidades, cuando la norma afecte a sus derechos e intereses legítimos.

d) Los ciudadanos afectados; a otras personas o entidades, cuando la norma afecte a sus derechos e intereses legítimos y a organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

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17. Tal y como establece la LPAC, la consulta, audiencia e información pública, deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión. ¿Qué se hace preciso para lograr tal fin?

A) Que se pongan a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

B) Que los mismos estén redactados de forma sencilla.

C) Que el plazo no sea inferior a 20 días antes de la aprobación de la norma.

D) Todas las anteriores son correctas.

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18. ¿Con qué frecuencia deberán las Administraciones Públicas revisar su normativa vigente?

A) Cada tres años, de manera preceptiva.

B) Periódicamente.

C) Anualmente.

D) Anualmente para adaptarla a normas superiores en vigor.

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19. Según la LPAC, ¿conforme a qué principio no actuarán las Administraciones Públicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria?

A) Al de transparencia.

B) Al de eficiencia.

C) Al de seguridad jurídica.

D) Todas las anteriores son falsas.

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20. ¿En virtud de qué norma deben posibilitar las Administraciones Públicas el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración?

A) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

B) El Real Decreto Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

C) El Real Decreto 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

D) Todas las anteriores son falsas o pregunta mal formulada.

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